El Comité de Seguridad Nacional del Knesset israelí aprobó un proyecto de ley para imponer la pena de muerte a detenidos y rehenes palestinos, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, avanzando a votación final la próxima semana.

El proyecto de ley proviene del partido Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien afirmó que la versión revisada elimina la autoridad del asesor jurídico del Gobierno. Esta modificación otorga a los tribunales mayor facultad para dictar sentencias de muerte contra palestinos acusados de ataques calificados de “nacionalistas o relacionados con la seguridad”. Es importante destacar que esta ley no se aplica a sospechosos judíos acusados de asesinar palestinos.

Según información difundida por medios israelíes, los tribunales podrán dictar una sentencia de muerte incluso si la fiscalía no la solicita. Además, no se requerirá una decisión unánime de los jueces; una mayoría simple será suficiente para aprobar la sentencia.

Los parlamentarios israelíes planifican someter el proyecto de ley a votación final durante la próxima semana. Los legisladores introdujeron enmiendas recientes tras la presión del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien previamente había advertido que la versión anterior excedía los estándares de pena de muerte de otros países y podría exponer a Israel a desafíos diplomáticos y legales.

El proyecto de ley establece que las ejecuciones se llevarían a cabo mediante ahorcamiento. Un guardia penitenciario, designado por el comisionado del Servicio Penitenciario israelí, sería el encargado de ejecutar la sentencia. Las autoridades mantendrían en secreto la identidad de los implicados y les otorgarían plena inmunidad legal.

Además, la normativa indica que los detenidos serían ubicados en centros de detención separados. Los funcionarios restringirían las visitas únicamente a personas autorizadas, y los abogados se comunicarían con los rehenes y detenidos mediante videollamadas en lugar de reuniones presenciales. La ley también establece un plazo de hasta 90 días para realizar las ejecuciones tras la sentencia, con la asistencia de un director de prisión, un representante judicial, un observador oficial y un representante de la familia.

El último borrador elimina las referencias al enjuiciamiento de los implicados en la operación de resistencia del 7 de octubre. Sin embargo, amplía las facultades de los fiscales e introduce normas más estrictas, especialmente en la Cisjordania ocupada, donde la pena de muerte podría ser obligatoria en ciertos casos. El ministro Ben-Gvir ha sido un defensor de la ejecución de rehenes palestinos durante mucho tiempo. Su ministerio ya ha endurecido las condiciones de detención, en medio de crecientes informes de organizaciones de derechos humanos sobre abusos, torturas y negación de derechos fundamentales.

Cabe destacar, las fuerzas israelíes han detenido y tomado como rehenes a ciudadanos palestinos mientras estos se encontraban en los territorios palestinos. Estas acciones, sin justificación por la ausencia de delitos cometidos en territorio israelí y, en muchos casos, sin cargos legales formales contra los detenidos, se fundamentan en pretensiones ilegítimas de Israel. Al carecer de autoridad para establecer una ley penal sobre la población palestina en esos territorios, estas detenciones contravienen gravemente el derecho internacional humanitario y diversas normativas de derechos humanos.

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